Esperando un muerto
En San Luis no han comenzado las clases en ninguno de los niveles de la educación dependientes de la provincia.
La medida de fuerza, iniciada el lunes 8 de marzo, se produce como respuesta a la irrisoria oferta hecha por el gobierno provincial a los reclamos realizados por los trabajadores de la educación.
Los motivos de reclamo son:
a) el incremento del costo de vida (la inflación, que desde las usinas de los Hermanos Rodríguez Saa, se agita como un fantasma urdido por la malicia de Cristina Fernández, no existe para los docentes);
b) el deterioro objetivo de los ingresos de los trabajadores;
c) la violación del principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea” (los docentes con doble cargo sólo cobran un cargo y medio);
d) la falta de pago por zona desfavorable (maestros rurales o docentes de escuelas alejadas de algún centro urbano;
e) lo acordado a nivel nacional por la paritaria del sector y,
f) la necesidad de que los docentes tengan un salario acorde con sus responsabilidades: formar a la nuevas generaciones, capacitar para vida en sociedad, educar en valores, tal como declara la Ley de Educación Nacional vigente.
Como es sabido, el acuerdo paritario refrendado por el Ministerio de Educación y los sindicatos del sector con representación nacional fijó un salario inicial para el cargo testigo (maestro de escuela) en $ 1.700.
Y mientras la media nacional existente en la actualidad es de $ 1.100, en la provincia de San Luis, una maestra que recién se inicia tiene un sueldo básico de $ 700. Sobre esa base se realizarán los cálculos posteriores que determinarán antigüedad, cálculo de aportes jubilatorios, aguinaldo, etc.
A ello se le suma otra injusticia:
Se considera que una maestra tiene un cargo cuando trabaja una jornada (4 hs., supongamos, por la mañana) en una escuela. Si la misma docente se desempeña por la tarde en otra o en la misma escuela por un lapso similar, se entiende que tiene doble cargo. Pues bien: en la provincia de San Luis el gobierno sólo le reconoce la mitad del segundo cargo, apropiándose ilegalmente del resto. Si se tratara de producción de mercancías, tendríamos aquí un excelente ejemplo para explicar la teoría marxista de la plusvalía.
Ante esta situación de reclamo y conflicto generalizado, el gobierno ofreció un 10% de aumento al básico para el mes de marzo y un generoso 5% para el mes de octubre. La insultante inventiva gubernamental no tiene límites, pues según el discurso oficial se pretende que a los $ 770 que quedarían como salario inicial, habría que sumarles otros componentes que llevarían el salario de bolsillo a $ 2.200.
Esta ramplonería oculta –no sin malicia- que los $ 1.430 restantes son aportados, en buena medida por el Estado Nacional, ya que incorporan los incentivos docentes y, en el ejemplo difundido por el gobierno provincial, $ 360 de dos supuestos hijo menores que percibirían cada uno los $ 180 impulsados por el gobierno nacional para cada hijo menor.
El paro de los docentes de San Luis ha sido aprobado por la totalidad de los trabajadores de la educación, quienes han dado muestras de absoluto acatamiento a la medida, sosteniendo el reclamo de sus derechos a lo largo de dos semanas seguidas, a las que se suma la tercera que comienza hoy.
Significa una experiencia de lucha insólita en un territorio donde imperan el rumor, el discurso único y el apriete y de la que no hubo experiencias así desde 2004, cuando se llegó a situaciones de violencia ante las cuales el conjunto de los medios nacionales, la sociedad argentina y hasta el gobierno nacional se mostraron prescindentes.
Las organizaciones gremiales – UDA (Unión Docentes Argentinos), ASDE (Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales), UTEP (Unión de Trabajadores de la Educación Provinciales), AMPPyA (Asociación de Magisterio Provincial Puntano y Afines) y SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados), han notificado de la medida de fuerza tanto a la patronal gubernamental como al Ministerio de Trabajo. Las referidas notificaciones se dan en el marco de los procedimientos legales, sin que hasta la fecha el Ministerio de Trabajo se haya expedido sobre el particular, dado que el paro se inscribe no sólo dentro de los derechos establecidos por la Constitución Nacional y por la de la Pcia. de San Luis, sino en el de las normas específicas referidas a este tipo de reclamos que proceden de pleno derecho.
Frente a eso, funcionarios de segundo nivel del gobierno provincial y “periodistas” con preferencias en la pauta oficial de publicidad, algunos de los cuales son o han sido funcionarios del gobierno –como es el caso de un ex ministro, precisamente de educación- se han encargado de cuestionar la legitimidad de la lucha de los docentes, la legalidad de la medida de fuerza y la representatividad de las dirigencias gremiales que aparecen a la cabeza.
No obstante, el gobierno que encabeza Alberto Rodríguez Saa no se da por enterado. El gobernador es hermano del senador nacional conocido como “el Adolfo”, ex presidente provisional y devoto del default, actual amigo de Eduardo Alberto Duhalde (estratega del golpe de estado que desplazó “al Adolfo” mediante el vacío de gobernadores en Chapadmalal cuando moría 2001). El senador funge de cabeza visible del pseudoperonismo opositor en el Senado de la Nación. Como es sabido, la dinastía Rodríguez Saa gobierna San Luis desde hace un cuarto de siglo, valiéndose de un mecanismo de sucesión que les ha valido el título de “los reyes del enroque”: cuando uno va de gobernador, el otro es senador y viceversa y de una maquinaria de poder que apuesta a un proyecto político concebido estratégicamente por el actual senador y ejecutado arbitrariamente por la actual gestión.
El proyecto, que apunta a consolidar un esquema social conservador, desdeña del desarrollo industrial, aun cuando San Luis sea la provincia con el más alto producto bruto industrial per cápita. En lugar de ello, el gobierno procura fortalecer un esquema de poder que se apoya en el llamado Plan de Inclusión, que no es más que un subsidio por desempleo con contraprestación en servicios, cuyo propósito –además de garantizar la subsistencia y reducir a cero el conflicto social, que no obstante se filtra por la vía de la delincuencia-, es hacerles creer a los desocupados que tienen un trabajo simplemente porque se les imponer el uso de uniformes y se les exige asistencia a determinadas actividades. A cambio perciben no un sueldo, ni antigüedad, ni aportes jubilatorios, sino un subsidio por desempleo. Y una obra social que es financiada por la masa de los empleados públicos. Entre otras obligaciones, los desocupados beneficiarios de este “Plan” tienen la obligación de asistir a actos políticos a favor del gobierno, del que constituyen su infantería. Con cerca de 40.000 desempleados (que, obviamente no figuran como tales en las estadísticas), San Luis es el primer estado del mundo en el que los desocupados usan uniforme.
El conflicto que hoy entra en su tercera semana, con un acatamiento prácticamente del 100%, tuvo sus puntos salientes en las asambleas por establecimiento, por centros de concentración (plazas o paseos), marchas diarias y cada vez más nutridas (como es el caso de Villa Mercedes) y las cuantiosas marchas de los viernes hasta la casa de Gobierno de San Luis, que reunieron 8.000 y 13.000 personas los días 12 y 19 de marzo, respectivamente. La última actividad contó con la presencia y el apoyo de la CTA de La Pampa, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y de una delegación del Sindicato de Camioneros, cuya presencia (unos 20 trabajadores) sirvió a los lenguaraces gubernamentales para desvirtuar la naturaleza del conflicto, al señalar que se trataba de una movida política, que en las calles no había docentes y que los que allí estaban habían dejado el cerebro en alguna playa de estacionamiento.
Así y todo el paro de los docentes de San Luis no ha tenido la mínima repercusión en los medios nacionales, que recuerda el vacío mediático de 2004, que se materializó a partir de los “des-honorarios” percibidos por gran parte de los envidos especiales para que abandonaran su tarea acallando el conflicto que aquella vez culminó con brutales enfrentamientos entre los docentes por un lado y los desempleados pagados por el gobierno junto a activistas de un sindicato que a nivel nacional conduce un dirigente que, lejos de la cuchara y los andamios, practica con entusiasmo el arte de la venalidad.
Este silencio de radio (y de diarios y de TV) observado a nivel nacional –fuera de alguna fugaz referencia al hecho de que ocurre algo similar en Jujuy y Neuquén- preocupa seriamente tanto a los docentes como a la sociedad sanluiseña dispuesta a mirar la realidad con ojo crítico. Muchos se preguntan si los medios nacionales estarán esperando que se quemen algunas gomas o algunas camionetas, que haya enfrentamientos y violencia represiva como en 2004 o, sencillamente, que haya un muerto. Si se parte de la vocación carroñera de algunos medios nacionales, la hipótesis sería probable, tanto si el conflicto se disuelve como si efectivamente estalla mal.
Asimismo, el malestar de los docentes de San Luis incluye referencias al doble discurso instalado en la sociedad argentina en general acerca del valor de la educación, cuya importancia agota las consideraciones positivas que vas en un arco que va desde los políticos más encumbrados hasta las personas más humildes. Ello no obstante, el tema educativo queda siempre postergado con respecto a otros como la inseguridad, las declaraciones apocalípticas de alguna dirigente alterada o los devaneos de un señor devenido en artista sobre el talento de su empresa familiar para ganar dinero vendiendo golosinas.
