Hoy como ayer: Schiaretti y de la Sota:

Capuchas y operativos nocturnos

Basado en La Voz del Interior
En este conflicto con futuro incierto que enfrenta al Gobierno provincial con los gremios estatales se inscribió un hecho que mereció en su momento el repudio generalizado de la población: los ataques de activistas con la cara cubierta contra policías y edificios públicos y privados, durante la violenta movilización del 20 de agosto.
La pelea acaba de inscribir otro episodio igualmente criticable: la orden de detención de una docena de trabajadores sospechados de producir aquellos desmanes fue ejecutada a las sombras de la noche y en un operativo policial que impactó por su desmesura, en función de los relatos de los testigos de esa avanzada.
Uno de los apresados es Tomás Di Toffino, hijo del ex dirigente de Luz y Fuerza secuestrado y asesinado durante la dictadura militar. El joven dirigente lucifuercista vive con su madre y fue sacado de su casa a las 5 de la mañana.
“No era necesario semejante operativo y a esa hora. Golpearon la puerta bajo amenaza de tirarla abajo. Mi madre revivió el horror de aquel día en que secuestraron a mi padre”, diría luego otro de los hijos de Di Toffino.
La orden judicial llevó también a que los uniformados entraran a una casa en busca de uno de los trabajadores con orden de captura, pero se encontraron con una mujer y sus hijos que les dijo que se había separado hacía tiempo de esa persona y que ya no vivía allí.
El gobernador Juan Schiaretti, quien lloró en público cuando fue condenado Luciano Benjamín Menéndez, acaba de cargarse un conflicto con los organismos de derechos humanos. Le cuestionan no sólo la magnitud del operativo, sino la decisión del fiscal de alojar a los apresados en la cárcel de Bouwer, cuando había un preacuerdo con los abogados para que permanecieran hasta mañana en la UCA (ex Encausados).
Hay otro dato para agitar la discordia inminente: dos de los abogados de los sindicatos en pugna son Martín Fresneda y Claudio Orosz, también querellantes en causas contra represores que desatan lágrimas de euforia cuando son condenados.
No digieren en este círculo que Tomás Di Toffino comparta desde ayer la misma cárcel que Menéndez, acusado de asesinar a su padre.

Luz y Fuerza y el Suoem protestan en Bouwer para pedir la liberación de los 10 sindicalistas

 El Servicio Penitenciario garantizó la "contención de los apresados". El titular del gremio, Juan Leyría, advirtió que si no dejan en libertad a los trabajadores no volverán al trabajo. Prestarán servicios mínimos. Mañana se movilizan los estatales.

Alrededor de 300 trabajadores de los gremios cordobeses de Luz y Fuerza y Suoem continuaban protestando esta tarde al frente de la Cárcel de Bouwer para solicitar la liberación de los 10 sindicalistas detenidos ayer por su participación en los graves disturbios perpetrados el pasado 20 de agosto en protesta contra la Ley de Reforma Previsional.
Pese a la detención, los imputados pudieron recibir hoy a sus familiares directos, según informó a Mitre 810 el titular del Sindicato Único de Empleados Municipales (Suoem), Rubén Daniele. "Están bien, se sienten fuertes. Nos pidieron que no bajemos los brazos y tienen la esperanza que serán liberados mañana", dijo Daniele a Cadena 3, a su salida del recinto, donde conversó con los imputados.
Mientras, el Servicio Penitenciario afirmó que garantiza el alojamiento y la contención de los apresados en la Cárcel de Bouwer, situada al sur provincial.
Hasta allí llegaron uno de los abogados de Luz y Fuerza, Miguel Ortíz Pellegrini, el secretario general, Juan Leyría y la legisladora provincial de Izquierda Unida, Liliana Olivero.
Más temprano, la caravana de sindicalistas partió desde la sede céntrica de Luz y Fuerza en calle Deán Funes hasta el penal. Antes de arribar a la cárcel, Leyría advirtió que los trabajadores no volverán a sus labores hasta que la Justicia no libera a los detenidos.
"No vamos a trabajar más hasta que no liberen a los compañeros. Por eso lanzamos un paro por tiempo indeterminado", dijo Leyría a Cadena 3. Por lo tanto, durante todo el día de hoy, sólo se prestarán los servicios mínimos de guardia ante inconvenientes importantes, al igual que el Suoem en los hospitales municipales de Urgencias e Infantil.
Críticas. Por otra parte, Olivero aseguró que, con las detenciones de los gremialistas, "se trata de ocultar la gravísima situación financiera de la Provincia".
Asimismo, la funcionaria cuestionó además el modo en que se cometieron las detenciones al señalar que se "utilizaron procedimientos de la dictadura militar".
En tanto, el arzobispo de Córdoba, Carlos Ñáñez, se metió en la discusión entre estatales y el Gobierno provincial al solicitar paz social para la Provincia. "Nosotros tenemos que pedir por nuestra Córdoba, para que la paz social sepamos cuidarla y resguardarla. Asumamos el compromiso de proceder en el respeto, en el diálogo y en el rechazo de todo tipo de violencia", destacó el cura en su homilía.
Mañana. La paralización de los servicios en las reparticiones del Suoem y Luz y Fuerza será total, lo que se sumará a las medidas de acción ya programadas con otros gremios estatales, como la concentración en el centro de la ciudad y la movilización hasta los Tribunales provinciales.
Caso. Ayer, el fiscal del Distrito 1, turno 1, Enrique Gavierm imputó a los 12 acusados los delitos de “daño calificado, atentado a la autoridad agravada e intimidación pública agravada”, aunque se detuvo a 10 sindicalistas por los incidentes del 20 de agosto en contra del recorte a las jubilaciones superiores a los cinco mil pesos.
Los 10 activistas gremialistas detenidos son: Pablo González, del Suoem, y los delegados de Luz y Fuerza, Emanuel Romero, Tomás Di Toffino, Pablo Álvarez, Rubén Catoira, Cristian Molina, Walter Daher, Ricardo Reyes, Federico Gómez y Emilio Di Filippo.

Para que no queden dudas: Habrá al menos 15 capturas más

En el mejor estilo de la dictadura y en lo que es una tradición en la práctica política delasotista (que, como se recordará, en el caso del señor De la Sota tiene antecedentes en las prácticas patoteriles, vigilantonas y antipopulares, miembro de elite de la línea dura del dicadorzuelo-interventor y ladrón Lacabanne), el gobierno del mucamo de Cavallo conformó un grupo especial de investigadores para identificar a los activistas.

Los 15 allanamientos realizados entre las 4 y las 7 de la mañana de ayer fueron el resultado de una operación perfectamente sincronizada durante la semana entre el fiscal del Distrito 1 Turno 1, Enrique Gavier y el director General de Investigaciones Criminales, Sergio Comugnaro.
Esto explica las reiteradas visitas que el jefe de los investigadores de la Policía provincial realizó al despacho de Gavier en los últimos 15 días.
La decisión de ordenar las 12 capturas de activistas que participaron de la violenta jornada del 20 de agosto último se habría decidido entre el miércoles y el jueves. Eran 12 las personas que debían ser detenidas ayer, pero dos de ellas no fueron ubicadas en sus domicilios.
Nueve de los arrestados (Walter Daher, Tomás Ditofino, Emilio Di Filippo, Pablo Álvarez, Christian Molina, Emanuel Romero, Ricardo Reyes, Federico Díaz y Rubén Catoira) son del gremio de Luz y Fuerza y el restante (Pablo González) pertenece al Suoem.
Grupo especial. Una vez que la causa de los incidentes recayó en la fiscalía de Gavier se le encomendó a Comugnaro identificar a los que causaron los daños más graves mediante la utilización de morteros y honderas, además de elementos contundentes.
Para cumplir con ese cometido, Comugnaro eligió a tres hombre de cada uno de los departamentos a su cargo (Robos y Hurtos, Homicidios, Defraudaciones y Estafas, Protección de Personas, Antisecuestros) quienes tuvieron que dedicarse exclusivamente a analizar filmaciones y fotos de los disturbios.
“No fue fácil ubicarlos porque cuando se registraron los incidentes cubrieron sus rostros. Antes y después, en la marcha y desconcentración, iban a cara descubierta”, explicó uno de los investigadores afectados al caso.
Habrá más detenciones. Las detenciones de ayer en la madrugada son las primeras de un total de al menos 25 que se realizarán.
“La orden fue detener a los 12 identificados con nombres y apellidos, pero tenemos otros 13 ó 14 rostros a los que hay que ponerles nombres”, reveló uno de los participantes de los procedimientos de ayer.
Además de los 12 domicilios de los gremialistas, fueron allanadas tres reparticiones de Epec donde se secuestraron cinco morteros: División Transformadores, en Villa Revol; Guardia Sur, de calle Caseros; y la División Ilícitos, de Villa Páez.
En viviendas de algunos de los detenidos se encontraron morteros, honderas y bombas de estruendo. También se secuestraron una pistola calibre 22 y otra de aire comprimido del domicilio de uno de los sindicalistas, cuya identidad no trascendió.

“Pasaje” a Bouwer. Una vez que concluyeron los allanamientos y detenciones ordenados por el fiscal Gavier, los 10 activistas que fueron ubicados, recalaron en la UCA (ex cárcel de Encausados).
Pero el vetusto establecimiento penitenciario de calle Belgrano, no era el destino final de los detenidos, más allá de que alguno de los abogados que aparecieron en escena para asumir sus defensas sugiriera que hubo un “pacto” con el fiscal.
Existió un retraso en el traslado, pero los oficios firmados por Gavier entregados en la UCA junto con los presos, disponían sus traslados a Bouwer.
Recién a las 19.15 los 10 activistas llegaron a Bouwer. ¿Será porque el personal penitenciario encargado de la derivación estuvo viendo el partido Argentina-Paraguay?

Domingo 7 de setiembre de 2008

Declaran inconstitucional un artículo de la ley previsional

Un juez de la ciudad de Córdoba ordenó a la Caja de Jubilaciones que cumpla con la orden judicial de no descontar haberes a un jubilado.

Un juez en lo civil y comercial de la ciudad de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 9504 de emergencia previsional y ordenó a la Caja de Jubilaciones de la Provincia que cumpla con la orden judicial de no descontar los haberes de un jubilado.
Esa resolución fue dictada por el juez de primera instancia y 18ª Nominación, Juan Carlos Maciel, en la demanda de amparo promovida por Ricardo Tillard en contra de la Caja, por los recortes que comenzaron a instrumentarse sobre haberes superiores a cinco mil pesos.
En ese amparo el juez ordenó una medida cautelar de no innovar en favor del jubilado, por la cual se disponía la prohibición de efectuar descuento alguno sobre sus ingresos.
La Caja apeló la medida de no innovar y, al conceder la apelación, el magistrado lo hizo en carácter devolutivo, no suspensivo, es decir, manteniendo la medida prohibitiva.
Norma insólita. Frente a esa situación, la Caja presentó un escrito en el que sostuvo que no podía cumplir la orden, en virtud de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 9504, que lisa y llanamente ordena no cumplir ese tipo de medidas.
La norma en cuestión establece que el funcionario público “que resulte destinatario de un mandamiento judicial que ordene la toma de razón de un embargo preventivo, ejecutorio o cualquier otra medida precautoria ordenada sobre recursos presupuestarios en cuentas del sector público provincial, deberá sustraerse de cumplirla para no quedar incurso en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tipificado en el artículo 248 y concordantes del Código Penal, ya que su ejecución comportará la comisión de un acto prohibido por una ley de orden público”.
Respuesta contundente. La respuesta del juez Maciel a ese planteo fue contundente, ya que por un decreto de fecha 5 del corriente, señaló:
“Hágase saber al presentante que la medida ordenada en autos no encuadra en el artículo 30 de la Ley 9504, puesto que no se trata de embargo preventivo, ni ejecutorio, ni sobre recursos presupuestarios, sino que se refiere a la integridad del haber jubilatorio de propiedad del amparista.”
Y añadió: “Sin perjuicio de ello, el dispositivo citado no reúne el mas mínimo ajuste constitucional. Constituye una violación al sistema republicano de gobierno y atenta contra la división de poderes, la manda a dependientes del Poder Ejecutivo incumplan una resolución jurisdiccional ( artículo 5 de la Constitución Nacional y artículo 2 de la Constitución de la Provincia). Recuérdese que el Estado no goza de privilegio alguno en juicio ( artículo 178 de la Constitución Provincial), y que los Tribunales de la provincia, en ejercicio de sus funciones, deben aplicar la Constitución como ley suprema, respecto a las leyes que haya sancionado la Legislatura ( artículo 161 de la Constitución Provincial)”.
Luego concluyó que, por tal motivo “se declara la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 9504, debiendo la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, cumplir con la medida ordenada en los presentes, bajo apercibimiento. Notifíquese”.

Para pagar la Fiesta de Quinchete De la Sota:

La decisión de los bonos ya está tomada

En principio, es una medida de presión para apurar un acuerdo con la Nación, pero podrían usarse para pagar sueldos si no llegan los fondos esperados del poder central. Dudas sobre el instrumento legal.

El Gobierno provincial ya tomó la decisión política de emitir bonos para pagar los sueldos de los empleados públicos, según confirmaron a este diario tres importantes funcionarios provinciales.
La medida fue adoptada para presionar al Gobierno nacional para forzar un acuerdo que destrabe fondos para las arcas provinciales, aunque podría concretarse si es que no llegan esos recursos.
El gobernador Juan Schiaretti reconoció en público el viernes que la Provincia tiene dificultades para pagar los salarios, después de un primer ensayo de explicación oficial respecto de que la reprogramación de los inconclusos pagos de agosto se debía a que el mes pasado terminó en un fin de semana.
Esta reprogramación constituye el primer atraso en el pago de salarios en la administración pública provincial desde 2002, cuando el país vivía el colapso financiero-político de la salida de la convertibilidad y en Córdoba –como en la mayoría de los distritos– la administración de José Manuel de la Sota emitía los Lecor.
El actual estado de las finanzas provinciales es tal que los sueldos de agosto se están pagando a medida que ingresa dinero por la recaudación diaria, reconoció un ex funcionario de Hacienda que mantiene contactos con los actuales responsables de esa cartera.
Si bien públicamente el gobernador y sus funcionarios insisten en que se seguirá pagando en pesos, dos integrantes de su gabinete y un legislador oficialista reconocieron que la extrema medida de pagar con bonos –como ya hicieron De la Sota y Ramón Mestre– ya fue resuelta por el gobernador. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció la semana pasada que en el sistema de liquidación de salarios ya está cargado el ítem de la cuasimoneda.

Schiaretti anunció el viernes que se imponía un plazo hasta el 15 de setiembre para anunciar qué iba a hacer con las complicadas finanzas provinciales, porque ese día vence el acuerdo con el Gobierno nacional para determinar las deudas de la administración central con la Caja de Jubilaciones de la Provincia de este año. Antes de hacer esas declaraciones, el gobernador –molesto con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, por recibirlo con los números de la Caja que le dieron los gremios cordobeses– había cortado con un insulto una comunicación telefónica con el titular de la Anses, Amado Boudou.
En realidad, el ultimátum empezará a ejecutarse esta semana, cuando todo el oficialismo provincial salga a denunciar una acción desestabilizadora del Gobierno nacional sobre Córdoba.
El instrumento. Un grupo de legisladores provinciales le anticipó a Schiaretti que no hay casi posibilidades de aprobar la ley necesaria para la emisión de la seudomoneda. “Si tuvimos que hacer todo lo que hicimos para la emergencia previsional, me parece que para la ley de bonos no llegamos”, confesó uno de los parlamentarios que toma decisiones en la Unicameral.
De ahí que en el Ejecutivo y en el bloque oficialista se hayan analizado varios caminos legales para una eventual emisión.
El primero es una interpretación de un artículo de la ley de emergencia previsional, sancionada en julio pasado, que faculta al Ejecutivo a disponer la modalidad de pagos. Se entiende que los bonos serían para los pasivos (hay que recordar que los recortes ya son pagados en títulos a ocho años), pero un par de legisladores oficialistas está pensando en estirar la interpretación.
Otro camino que le acercaron al gobernador es utilizar la ley, de junio pasado, que lo autorizó a endeudarse en 500 millones. “En lugar de colocar un título en un banco internacional, a la deuda la tomaríamos con los empleados y jubilados”, aportó un legislador oficialista, que reconoció que en el Ejecutivo tiene más aceptación la primera alternativa.
La oposición adelantó que cualquier emisión de bonos sin una ley específica será denunciada penalmente. El Gobierno dice que, si hay emisión, la operación será garantizando la transparencia y que no se repetirán aquellas dudas que envolvieron a los Lecor de De la Sota, impresos en Santiago de Chile.
En el oficialismo, consideran que la decisión de emitir bonos para pagar deudas puede ser “económicamente viable (en alusión al respaldo que tendría de sectores empresarios) pero políticamente lapidaria”.
Batería de ideas. Antes de tomar esta decisión, Schiaretti tiene una batería de propuestas e ideas sobre su escritorio para presionar al Gobierno nacional a que reconozca que le debe a la Caja de Jubilaciones, lo habilite a tomar créditos en el exterior y le refinancie en mejores condiciones la deuda provincial.
La mayoría de estas ideas hace rato que vienen siendo comentadas, y son:
Bloqueo de cuentas. Incautar fondos nacionales que se recaudan en Córdoba, como las cuentas de la Afip. Los impulsores sostienen que sería una medida más prolija y legal que aquella decisión del entonces gobernador de Río Negro, Horacio Massaccesi, de tomar fondos del Banco Central que había en la bóveda del Banco Provincia de General Roca. Por esa acción, el ex candidato presidencial del radicalismo fue condenado por la Justicia.
Denuncia. Presentar una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los “incumplimientos” del Gobierno central. Hace un mes, dos funcionarios provinciales estuvieron en el despacho del cordobés Juan Carlos Maqueda, vocal de la Corte, para conversar sobre estos temas. Un importante estudio jurídico de la Capital Federal ya está contratado.
Congreso Nacional. Pedir que se aceleren los proyectos vinculados con el reconocimiento de la deuda previsional y la acreditación inmediata.
A la plaza. Hacer una manifestación en Plaza de Mayo con legisladores, intendentes, concejales y militancia para denunciar la “discriminación”.