El comunicado de la Asociación de Salud para el Pueblo Argentino (ASPA), firmado por Jorge Rachid y Adrián Andreata da cuenta, con sencillez y claridad, de buena parte del negocio de la salud montado en la Argentina por grupos minúsculos que se llevan pingües beneficios por prestaciones reducidas a una mínima fracción de la sociedad. Y como todo los grandes negocios, se inscriben dentro del universo de trapisondas del capital financiero. Una vez más. Como contracara, ASPA señala el valor social y ético de la medicina a cargo del sistema solidario de las obras sociales. De paso, mandan preso a Chacho Álvarez, el del Frepaso. ¿Se acuerdan?

El texto del comunicado es el siguiente:

"Ante la inminente sanción legislativa de una Ley de Regulación de la llamada medicina prepaga, nuestra Asociación cree necesario hacer algunas reflexiones al respecto, por ser conducentes  a los reclamos que venimos efectuando para reconstruir en nuestro país el sistema de salud al servicio de la población.

La llamada medicina prepaga ha sido desde hace años el factor distorsionante de el sistema médico solidario que enorgulleció a la Argentina durante décadas. Tanto es así que los créditos del Banco Mundial del año 1995 ya exigían al gobierno de entonces la desregulación de las Obras Sociales Sindicales y la regulación de las prepagas, como paso previo a la bancarización privatizada de la salud en nuestro país.

Lo lograron en el año 2000 con el decreto firmado por el vicepresidente Carlos Alvarez, el 446 de ese año que avanzó con la desregulación poniendo un nuevo baldón al sistema solidario, ya atacado en su recaudación y disminuido en sus padrones por el trabajo en negro y la alarmante desocupación de entonces. Así dependiendo de la recaudación de la AFIP, habiendo bajado en el 91 el 14,7% los aportes y con disminución de padrones el sistema solidario resistió, pese a ello,  los embates del neoliberalismo.

En éste marco se dio el crecimiento de la llamada medicina prepaga que ahora pide que no la regulen como están decidiendo los representantes del pueblo, porque les provocará un aumentos de costos la eliminación de los plazos de espera, la libre admisión de afiliados y la no discriminación por edad que constan en el proyecto. Estas empresas controladas hasta ahora por la Secretaría de Comercio se niegan a pasar al control del Ministerio de Salud donde deberían someterse, como el sistema solidario, a un sistema de controles, por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, que por lo estricto, en lo contable y en lo sanitario, garantiza la atención de excelencia, de nuestra población.

El sistema solidario de Obras Sociales atiende hoy al 43% de la población económicamente activa, con un gasto del 33% del total del gasto en salud, proveyendo el Programa Médico Asistencial a los afiliados y a los monotributistas que adhieren sin períodos de carencia ni limitaciones, dando respuestas a los enfermos crónicos y a los discapacitados sin limitaciones, proveyendo prótesis y medicamentos de alto costo y baja incidencia como práctica habitual, ejecutando planes de prevención, sin poder negarse a ello por convicción solidaria y por la Ley 23.660 que los regula.

Las empresas llamadas de medicina prepagas, con una prepotencia habitual no sólo descartan enfermos por patologías crónicas sino que usan las cuotas como método de control, fijando ante el menor atraso la expulsión del afiliado sin derecho al reclamo, aumentando las mismas a niveles imposibles al cumplir 60 años. Por otro lado muchas de éstas empresas se han introducido, gracias a la desregulación del 2000, en el sistema solidario y al amparo de éste han recibido beneficios de reintegros del APE en padrones no siempre claros, con fondos solidarios aportados por los trabajadores de todo el país.

Como vemos los trabajadores son los que siguen sosteniendo los sistemas solidarios mientras, las empresas exigen del Estado subsidios y créditos para seguir dando respuesta al 8% de la población en un gasto del 20% del total del gasto en salud. Como vemos las “ineficientes” Obras Sociales Sindicales” con el 33% del gasto atienden casi 18 millones de argentinos, mientras las “generosas” prepagas gastan, o sea ganan y atienden con  el 20% del gasto a menos de 4 millones de personas, en donde la mayor prestación es el parto.

En definitiva quienes han “descremado” el sistema solidario, juntos a las AFJP, las ART y los bancos siguen hoy amenazando con su inviabilidad ante la regulación del sector que deberá incluir la imposibilidad de montarse en el sistema solidario para aumentar sus ganancias ya desmedidas.

Por último y para reiterar un clamor de ASPA desde su fundación, mas allá de sectores, los argentinos nos merecemos un Plan Nacional de Salud que articule todos los sectores, que  haga centro en la prevención, jerarquice el Hospital Público, reconozca el esfuerzo de los trabajadores de la salud, ponga al Estado como eje referencial de medicamentos y prótesis en todo el país y que mejore los indicadores del pueblo, como en la mejor época del Dr. Ramón Carrillo, pionero del sanitarismo en el mundo."